Cuando los precios de un producto están subiendo velozmente, hay tres maneras en que un gobierno puede intentar detener el incremento. Una es fijar el precio administrativamente, medida ésta que usualmente termina teniendo amargas consecuencias. Otra es aumentar la oferta, lo que con frecuencia es más fácil decir que hacer. Y la tercera es disminuir la demanda.
Este último camino ha sido el que Nueva Zelanda en el 2018, y Canadá en el 2023, tomaron para combatir el aumento en el precio de las viviendas. Decidieron prohibir que los extranjeros pudieran comprar viviendas durante un tiempo, a fin de que sus ciudadanos y residentes permanentes pudieran adquirir las unidades disponibles. En Nueva Zelanda los precios siguieron subiendo, y habrá que ver lo que ocurre en Canadá.
Esta clase de medidas tiende a ser contraproducente, pues la oferta no es realmente independiente de la demanda. Durante un breve lapso puede dar resultado, hasta agotar las unidades existentes, pero al disminuir la demanda los productores pueden reaccionar reduciendo los volúmenes que van a fabricar.
Y equivale también a buscar soluciones donde el problema no está. En Canadá, por ejemplo, se promovió la prohibición como un medio para evitar que extranjeros especularan con las viviendas, adquiriendo unidades con el propósito de cosechar las alzas de sus precios. Pero la causa real del incremento ha sido el rápido aumento de la población, un millón de personas en el 2022, atizado por la inmigración. Ya el precio de la vivienda promedio en el país llegó a más de 525,000 dólares estadounidenses, siendo de 835,000 en Toronto y 890,000 en Vancouver.
En términos de costo, se registran aumentos en los terrenos, mano de obra y materiales de construcción. Su comportamiento guarda relación con el de otros renglones de bienes finales e intermedios, no siendo, por lo tanto, una excepción, lo que hace que sea aún menos recomendable aplicar medidas sectoriales para hacer frente a procesos de alcance más amplio.