PLD denuncia ofensiva contra libertad de expresión desde el Gobierno
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes una supuesta ofensiva contra la libertad de expresión impulsada desde el Gobierno a través de distintas iniciativas legislativas. Advirtió que algunas de ellas podrían limitar el periodismo de investigación, las denuncias ciudadanas y la crítica a funcionarios públicos.
La organización propuso modificar artículos del nuevo Código Penal, revisar aspectos de la Ley 1-26 que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y someter a discusión en el Consejo Económico y Social (CES) cualquier nueva regulación sobre medios de comunicación.
En un comunicado leído durante su acostumbrada rueda de prensa de los lunes, el partido afirmó que existen "marcadas y malsanas intenciones" de silenciar la libre difusión del pensamiento y sostuvo que algunas de las medidas promovidas por el oficialismo guardan similitud con los primeros pasos de regímenes "totalitarios y dictatoriales".
¿Cuáles son las áreas de preocupación?
La organización identificó tres alegadas áreas de preocupación:
- La primera es el nuevo Código Penal, cuya entrada en vigencia está prevista para el próximo 3 de agosto. Según el PLD, las disposiciones sobre difamación, injuria y el denominado "ultraje a funcionarios" podrían ser utilizadas para restringir críticas, investigaciones periodísticas o cuestionamientos a quienes ejercen funciones públicas.
- También cuestionó la Ley 1-26 que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). A juicio del partido, conceptos como "intereses nacionales" y "objetivos nacionales" son demasiado amplios y podrían dar lugar a interpretaciones discrecionales que afecten derechos fundamentales, incluida la protección de fuentes periodísticas.
- La tercera objeción recae sobre el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, que perimió en el Senado. El PLD planteó que cualquier nueva propuesta en esa materia sea debatida previamente en el Consejo Económico y Social (CES) con participación de periodistas, académicos, juristas y organizaciones de la sociedad civil.
Para sustentar sus críticas, el partido apeló a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre libertad de expresión.
Citó la sentencia TC/0075/16, que declaró inconstitucionales disposiciones de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, y la TC/1148/25, que, según la organización, reafirmó criterios contrarios al uso de la prisión como mecanismo para restringir la libre expresión.
Precisamente, una publicación de Diario Libre difundida este fin de semana evidenció cómo el TC ha ido eliminando restricciones legales que consideró incompatibles con la Constitución.
Entre ellas figuran disposiciones que imponían sanciones penales por determinadas expresiones, castigaban los llamados "mensajes negativos" en campañas electorales o establecían responsabilidades incompatibles con los estándares constitucionales sobre libertad de expresión.
Sin embargo, una particularidad de esos precedentes es que la mayoría recayeron sobre normas aprobadas antes de la llegada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) al poder en el 2020.
Entre ellas figuran la Ley 6132, promulgada en 1962, así como la Ley 33-18 de Partidos Políticos y la Ley 15-19 de Régimen Electoral, ambas aprobadas durante gobiernos del PLD y posteriormente modificadas por decisiones del TC.
Pese a ello, la organización sostiene que el nuevo Código Penal, la ley de la DNI y cualquier futura regulación de medios deben ajustarse a los criterios fijados por el tribunal para evitar que se reproduzcan restricciones que ya han sido declaradas incompatibles con la Constitución.
Propuestas del PLD
Como resultado, el PLD propuso adecuar al texto constitucional las disposiciones del Código Penal relacionadas con difamación, injuria y ultraje a funcionarios; revisar los aspectos más controvertidos de la ley de la DNI; y abrir un debate nacional sobre cualquier proyecto que regule la libertad de expresión y los medios de comunicación.
