cuestionamientos a muertes de ciudadanos en intercambios de disparos
Mientras las muertes de ciudadanos en supuestos intercambios de disparos siguen generando cuestionamientos, el Congreso dejó vencer los plazos de dos iniciativas legislativas que buscaban llevar a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, ante los legisladores para que ofrecieran explicaciones sobre estos hechos, sin que ninguna de las dos cámaras llegara a conocerlas.
Hasta la fecha, al menos 116 ciudadanos, desde septiembre a noviembre de este 2026, han muerto en lo que la Policía denomina intercambios de disparos, sin que ninguna autoridad judicial haya esclarecido los fallecimientos.
El último proyecto que reposa en el Senado es autoría del legislador Antonio Taveras Guzmán, quien depositó una iniciativa de resolución.
La resolución del senador independiente señala que la invitación busca conocer los criterios jurídicos, técnicos y operativos que regulan el uso de la fuerza letal, así como los procedimientos que se aplican cuando una intervención policial provoca la muerte de una persona.
También busca profundizar sobre los mecanismos independientes de investigación y verificación utilizados para corroborar y contrastar las versiones ofrecidas por los agentes involucrados en intervenciones que terminan con fallecimientos.
Proyecto no ha sido tocado
Pero el propósito principal de la comparecencia es que los funcionarios ofrezcan explicaciones sobre las muertes ocasionadas por agentes policiales, los protocolos para el uso de la fuerza letal y los mecanismos institucionales de investigación y control.
El proyecto de resolución fue depositado el 14 de octubre de este año, pero hasta la fecha, la propuesta no ha sido tocada por la comisión de Interior y Policía del Senado, donde reposa sin ningún avance.
Cámara de Diputados
La falta de avance legislativo también alcanzó una segunda iniciativa, esta vez presentada por 34 diputados de la oposición, que buscaba convocar a la ministra Faride Raful y al director general de la Policía Nacional ante la Cámara de Diputados para que rindieran cuentas sobre los operativos policiales y las denuncias de presuntos abusos de autoridad.
La resolución planteaba que agentes policiales habrían intervenido arbitrariamente en establecimientos comerciales bajo el alegato de operar fuera del horario permitido, sin contar con fundamento legal para hacerlo.
También cuestionaba que la Policía realizara actuaciones relacionadas con la contaminación sonora sin tener competencia para regular esa materia.
Los diputados advertían, además, sobre denuncias de disparos contra viviendas, vehículos, negocios y civiles desarmados, por lo que consideraban necesario que ambos funcionarios explicaran las bases jurídicas, técnicas y operativas de esos procedimientos y las medidas adoptadas para garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
Al igual que la resolución del Senado, la de los diputados también exigía explicaciones sobre las muertes de ciudadanos en alegados intercambios de disparos que, según los congresistas, no son esclarecidos por la justicia.
Como pasó con el texto del Senado, la propuesta de los diputados nunca avanzó y solo fue tocada en dos reuniones en la comisión de Interior y Policía de la Cámara Baja.
De hecho, la Cámara de Diputados la registró como una iniciativa vencida porque no se aprobó en el tiempo reglamentario.
