Trump lleva su guerra con prensa a una nueva batalla constitucional
La larga confrontación del presidente Donald Trump con los medios de comunicación estadounidenses entró este lunes en una nueva fase: CNN, MS NOW y Politico llevaron a los tribunales su expulsión de la Casa Blanca y plantearon una batalla que toca directamente dos garantías de la Constitución de Estados Unidos: la libertad de prensa y el debido proceso.
Los tres medios presentaron una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que sus periodistas fueran impedidos de entrar al complejo presidencial y sus acreditaciones quedaran desactivadas. Solicitaron además una orden temporal que les permita recuperar el acceso mientras se decide el fondo del litigio, según indicaron medios internacionales.
La decisión había sido anunciada el viernes por el propio Trump, quien justificó el veto por lo que calificó como cobertura de “noticias falsas”. El sábado, periodistas de las tres organizaciones comprobaron que ya no podían ingresar a la Casa Blanca. Trump no identificó entonces una información específica como causa de la sanción y advirtió que otros medios podrían correr la misma suerte.
Este lunes, después de conocerse la acción judicial, el mandatario negó que estuviera atacando a la prensa libre. Sostuvo que su ofensiva está dirigida contra las “noticias falsas”, que calificó como una amenaza para la seguridad nacional.
La Constitución entra en escena
La controversia va más allá de una disputa entre un presidente y medios cuya cobertura le desagrada. La Primera Enmienda establece que el Congreso no puede aprobar leyes que restrinjan la libertad de expresión o de prensa, protección que la jurisprudencia estadounidense ha extendido frente a actuaciones gubernamentales destinadas a castigar determinados puntos de vista.
Eso no significa que cualquier periodista tenga un derecho constitucional ilimitado a entrar al Despacho Oval, viajar en el Air Force One o participar en todos los actos presidenciales. La Administración conserva capacidad para regular el acceso, particularmente a espacios restringidos y por razones legítimas de seguridad.
Pero existe una diferencia fundamental: una vez que el Gobierno establece instalaciones y un sistema regular de acreditaciones para periodistas, los tribunales han determinado que no puede excluir arbitrariamente a profesionales de la prensa por el contenido de su trabajo.
Ese principio quedó establecido en Sherrill v. Knight, una sentencia de 1977 de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. El tribunal determinó que el acceso a las instalaciones de prensa de la Casa Blanca no podía negarse arbitrariamente y que la retirada o denegación de una acreditación requería garantías procesales, entre ellas informar las razones y permitir al periodista responder. La decisión vinculó esas garantías tanto con la Primera como con la Quinta Enmienda.
Por eso, la acusación central de CNN, MS NOW y Politico tiene una dimensión constitucional concreta. Los demandantes sostienen que sus credenciales fueron revocadas por el contenido y el punto de vista de sus informaciones y sin aviso ni procedimiento previo. Si un tribunal determina que esa fue efectivamente la razón del veto, la medida enfrentaría directamente la jurisprudencia que prohíbe al Gobierno discriminar a periodistas por sus opiniones o cobertura. La ausencia de un procedimiento previo también plantea interrogantes bajo la garantía de debido proceso de la Quinta Enmienda.
De Jim Acosta a Associated Press
Trump ya se enfrentó a los tribunales por una decisión similar durante su primer mandato. En 2018, la Casa Blanca retiró la acreditación al entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el presidente durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó restituir temporalmente su credencial.
Otro precedente se produjo con Brian Karem, entonces corresponsal de Playboy. En 2020, una corte de apelaciones concluyó que una acreditación ya concedida no podía suspenderse sin el debido proceso y que las normas utilizadas para sancionar a un periodista debían ofrecer suficiente claridad sobre la conducta prohibida.
La confrontación se intensificó tras el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. Su Administración restringió el acceso de The Associated Press a determinados actos presidenciales después de que la agencia mantuviera el uso de “Golfo de México” pese a la decisión presidencial de denominarlo “Golfo de América”.
AP demandó al Gobierno y obtuvo inicialmente una decisión favorable en un tribunal de distrito. Sin embargo, una corte de apelaciones suspendió parcialmente esa decisión en lo referente a espacios de acceso limitado, como el Despacho Oval y el Air Force One, mientras continúa el litigio. Ese caso introduce un matiz importante: los tribunales reconocen un margen mayor de decisión presidencial sobre espacios restringidos que sobre las instalaciones generales destinadas a la prensa.
Demandas, citaciones y licencias
La disputa no se ha limitado a las acreditaciones. Trump ha presentado demandas contra medios como The New York Times, The Wall Street Journal y la BBC, mientras que litigios anteriores contra ABC y CBS terminaron en acuerdos por 15 y 16 millones de dólares, respectivamente.
En julio de 2026, el Departamento de Justicia citó a periodistas de The New York Times para comparecer ante un gran jurado después de que el periódico publicara informaciones relacionadas con preocupaciones de seguridad sobre el nuevo Air Force One procedente de Catar. El diario describió las citaciones como una escalada de las presiones gubernamentales sobre sus periodistas.
Un mes después se abrió otro frente. ABC y su matriz Disney demandaron a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para intentar detener una revisión anticipada de las licencias de ocho estaciones de televisión. La compañía sostiene que el procedimiento constituye una represalia por decisiones editoriales y contenidos que disgustan a la Administración. La FCC rechaza esa interpretación y afirma que actúa dentro de sus atribuciones regulatorias.
El choque llega al “pool” presidencial
El veto de septiembre eleva el conflicto porque afecta simultáneamente a tres organizaciones y repercute en el sistema de cobertura compartida de la Presidencia.
CNN debía encargarse este lunes de la cobertura televisiva del presidente para el llamado pool, el reducido grupo de periodistas y cámaras que acompaña al mandatario y distribuye imágenes e información al resto de los medios. Al impedir que CNN cumpliera esa función, la controversia dejó de afectar únicamente a una empresa.
CBS, NBC, ABC y Fox News comunicaron que dejarían de participar en ese pool televisivo después de la exclusión de CNN, según informó este lunes El País.
La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca también reclamó que se restituyera el acceso de los medios afectados y advirtió que un criterio utilizado para excluir a una organización debido a su cobertura podría aplicarse posteriormente contra cualquier otra.
La frontera que decidirán los jueces
El litigio obliga ahora a los tribunales a precisar hasta dónde llega la autoridad presidencial para controlar el acceso físico a la Casa Blanca y dónde comienza una represalia gubernamental prohibida por la Constitución.
Los precedentes no establecen que la prensa posea acceso irrestricto al presidente. Sí establecen, en cambio, fuertes límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones de manera arbitraria, discriminar por el contenido de la cobertura o sancionar a periodistas sin un procedimiento adecuado. En Sherrill v. Knight, la Corte de Apelaciones de Washington sostuvo expresamente que las instalaciones de prensa, una vez abiertas a periodistas acreditados, no pueden cerrarse individualmente por razones arbitrarias o basadas en el contenido de su expresión.
La demanda presentada este lunes convierte así una confrontación política y mediática de años en una pregunta constitucional que los jueces deberán responder: si un presidente puede utilizar el acceso a la sede del poder ejecutivo para castigar a medios porque considera desfavorable, falsa o injusta su cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que no. La Administración argumenta que está combatiendo informaciones falsas y no la libertad de prensa. La decisión judicial determinará si el veto concreto impuesto por Trump traspasó los límites que la Primera y la Quinta Enmienda imponen al poder presidencial.
La SIP se pronuncia
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó este lunes la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de prohibir el acceso a la Casa Blanca a los periodistas de los citados medios.
- Pierre Manigault, presidente de la SIP, dijo que "el poder público no puede utilizar el acceso a sus instalaciones como instrumento de castigo contra los medios que lo cuestionan".
Recordó que "la prensa no está para complacer al poder, sino para informar y fiscalizarlo".
"Excluir periodistas por su cobertura es incompatible con una prensa libre y plantea un serio conflicto con las leyes fundamentales de Estados Unidos", señaló por su parte Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
